En una reciente carta a los “Reyes Magos”, la organización pro-transparencia Access Info Europe, dice:
“Con el inicio de la reforma de la ley a principios de 2022 como parte del compromiso del último Plan de Acción de Gobierno Abierto de España, existe una oportunidad única de garantizar un completo derecho de acceso a la información en España como un derecho humano”.
Y señala/recuerda algunas de las carencias de nuestra actual legislación:
Los problemas de esta ley identificados por Access Info y por otros miembros de la sociedad civil pertenecientes a la Coalición Pro Acceso incluyen:
- Los solicitantes deben pasar por un proceso de identificación complejo, lo que en la práctica limita el acceso al 18% de la ciudadanía que utiliza sus certificados digitales;
- Las solicitudes de información considerada “auxiliar” o en preparación ni siquiera se procesan;
- La Ley de Transparencia no incluye a los poderes legislativo y judicial;
- No hay sanciones o consecuencias para las entidades públicas que no implementan la ley;
- En torno al 15% de las decisiones del Consejo de Transparencia no se cumplen;
- Otras normativas como la de archivos o secretos prevalecen sobre la Ley de Transparencia;
- Existe una compleja estructura de normativas regionales y ordenanzas municipales con múltiples órganos de supervisión, una situación muy confusa para la ciudadanía;
- El número de solicitudes es relativamente bajo (solamente unas 1.000 al mes para todo el gobierno central);
- Solo el 30% de los solicitantes son mujeres”.
Amén del colapso y ninguneo al que se tiene sometido al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
Dudo que en 2022 se revierta la situación, pues la realidad nos muestra que este Gobierno tiene verdadera alergia a la transparencia.
Si le solicitan el acceso a documentos relativos a la huella legislativa de un procedimiento en curso, por ejemplo el de la ley de protección de denunciantes, lo deniega mediante el expediente de la inadmisión (ver aquí y aquí).
Si le solicitan el acceso a documentos relativos a la huella legislativa de un procedimiento concluido, por ejemplo, todos los informes que consten en el expediente de elaboración del chapucero Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre (de transposición de directivas de la Unión Europea en diversas materias), aplica el silencio administrativo negativo.
Creo que en 2022, Access Info Europe y la Coalición Pro Acceso deberán seguir insistiendo.