Recogido en un excelente artículo de Álex Moreno, publicado hoy en Democrácta.es:
“Hacienda: Sin reforma fiscal ni financiación autonómica y la sospecha de huida”.
“El letrado cuestiona el alcance de los vetos
El caso de los vetos es paradigmático para explicar la relación del Ministerio con la Comisión. Durante toda la legislatura, y especialmente en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno ha hecho valer la facultad reconocida por el artículo 134.6 de la Constitución para expresar su disconformidad sobre iniciativas que supongan disminución de ingresos o un mayor gasto.
Si esta prerrogativa se aplica de forma generalizada, ¿cuál es el margen que queda a los diputados de una Comisión encargada de tramitar normas decisivas en los ingresos y gastos públicos?
Esa es la reflexión que se hizo el letrado de la Comisión, Manuel Fernández-Fontecha, que en junio de 2022 emitió un informe tras recibir vetos del Gobierno a 42 de las 59 enmiendas de los grupos a un proyecto de ley de modificación de las leyes de Impuestos Especiales y del Impuesto sobre el Valor Añadido.
El letrado de la Comisión emitió varios informes cuestionando la capacidad de veto del Gobierno a enmiendas.
El letrado recordaba entonces que la disminución de ingresos que justifica el veto debe referirse al presupuesto en vigor, tal y como estableció el Tribunal Constitucional en varias sentencias emitidas en 2018, y su afectación debe ser real y efectiva. En el caso de las normas tributarias, considera que el veto no es aplicable ya que no afectan al presupuesto actual, ya que un cambio no se incorpora automáticamente a los ingresos de un presupuesto en vigor, si acaso al futuro.
Su aplicación a normas tributarias, esgrime Fernández-Fontecha, limitaría cualquier labor legislativa a modificaciones que aumentaran los ingresos o los dejaran iguales, salvo que el Gobierno diera su visto bueno, e infringiría las facultades de los representantes.
Hacienda esquivó la Comisión: a PGE y Derechos Sociales
El proyecto finalmente no se tramitó. Acabó ‘congelado’, a la espera de la constitución de su ponencia. No por falta de interés del Ministerio de Hacienda en aprobar sus medidas, ya que las impulsó, pero a través de otras vías, fuera de la Comisión.
De las tres reformas planteadas, una fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2023, la exención del IVA e Impuestos Especiales a cualquier suministro de fuerzas armadas en el marco de operaciones europeas.
Hacienda ‘congeló’ uno de sus proyectos y lo aprobó sin pasar por Comisión: varias medidas las incluyó en Presupuestos y otras en otro proyecto tramitado en la Comisión de Derechos Sociales.
Las otras dos, sobre el régimen general de Impuestos Especiales y la armonización de estructuras en los impuestos aplicados al alcohol y bebidas alcohólicas, se incorporaron meses después como enmienda del PSOE a otro proyecto de trasposición de cuatro directivas que se tramitaba en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad.
Una ‘jugada’ que el letrado de la Comisión también cuestionó en otro informe, advirtiendo de que la competencia sobre normas tributarias está atribuida a la Comisión de Hacienda como comisión legislativa especializada, algo que “excluye”, afirmó, que este tipo de normas “puedan ser objeto de tramitación en otra diferente”. El letrado señalaba, además, la imposibilidad de poder enmendar la reforma, ya que esta se había tramitado como enmienda.
No basta con prever menos ingresos, hay que acreditarlo.
Meses después, el letrado expuso su criterio negativo al veto de varias enmiendas a otro proyecto, entre ellas una del PP para impedir la tributación en el IRPF de los intereses de demora en pleitos con la Agencia Tributaria. Fernández-Fontecha se basó en cinco sentencias del Tribunal Constitucional para considerar que no basta con que el Ejecutiva prevea una reducción de ingresos, sino que debe acreditarlo. Las enmiendas fueron vetadas, pese al criterio negativo del letrado”.