Pleno del Parlamento Europeo — Debate sobre el Informe Anual 2022 — Discurso de Emily O’Reilly, Defensora del Pueblo Europeo. 16 de enero de 2024
“El acceso a los documentos fue una vez más un área importante de mi trabajo en 2022. A raíz del aumento de las quejas relativas a los retrasos, abrió una investigación de propia iniciativa sobre el tiempo que tarda la Comisión en tramitar las solicitudes de acceso. Descubrí que cuando las personas solicitan a la Comisión que revise una decisión de acceso inicial, porque rechazó o solo concedió acceso parcial a los documentos solicitados, la Comisión incumple los plazos establecidos en el Reglamento de acceso a los documentos de la UE en el 85%. de los casos. Más del 60 % de estas decisiones de revisión también se tomaron más de 60 días laborables, a pesar de un límite máximo de 30.
Los retrasos largos no son solo un inconveniente. Pueden impedir que los ciudadanos participen efectivamente en el proceso de toma de decisiones en momentos clave. También pueden hacer que la información obtenida finalmente ya no sea útil para investigadores o periodistas. El acceso retrasado es efectivamente denegado y sirve aún más para debilitar la necesaria confianza que debe haber entre los ciudadanos con frecuencia impotentes y las instituciones muy a menudo muy poderosas.
Debemos recordar que la democracia no solo se erosiona cuando un líder autoritario se mueve para desmantelar o socavar las instituciones democráticas, sino que también se erosiona en pequeñas formas, como no permitir a los ciudadanos acceder a documentos a los que tienen derecho a acceder, y con la administración razonablemente confiada en que pocos de esos ciudadanos los desafiarán ante los tribunales.
Solicité a la Comisión que adoptara un cambio fundamental en el enfoque del cumplimiento de los plazos. Sin embargo, investigaciones recientes han demostrado que el problema persiste, y por eso pedí a esta institución su apoyo formal a través de un informe especial. Me complace participar en los debates positivos que ya han tenido lugar en la Comisión LIBE y espero con interés el debate y la resolución en el Pleno sobre mi Informe Especial.
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Otro ámbito que consideré fue la participación ciudadana y la forma en que la administración de la UE interactúa con las partes interesadas y los grupos de presión. Por ejemplo, cuando se trata de la aplicación de la Política Agrícola Común, pedí a la Comisión que se asegurara de que consultara a una representación equilibrada de las partes interesadas, que incluye no solo a los representantes de la industria agrícola, sino también a la sociedad civil.
Con sequías, incendios forestales, inundaciones y otros desastres naturales que aumentan en nuestro continente y el año pasado es el más cálido registrado, la lucha contra el cambio climático es de vital importancia para los europeos. En 2022, realicé una consulta pública para evaluar si los ciudadanos tienen las oportunidades y la información actualizada que necesitan para participar en la toma de decisiones relacionadas con el medio ambiente.
Los encuestados identifican una serie de preocupaciones, entre ellas la falta de transparencia en torno a los grupos de presión, la dificultad para acceder a la información relativa a los debates tripartitos y los problemas con el acceso a las solicitudes de documentos. Ya he abierto una investigación tras la consulta, que se refiere a la gestión del riesgo de sustancias químicas peligrosas, y estoy estudiando otras posibilidades
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