Hoy se publica en el diario ABC un interesante artículo (“La ley de nuestro tiempo”) del Catedrático de Derecho Administrativo Germán Fernández Farreres, en el cual el autor opina que hay que reconsiderar el alcance y extensión del ejercicio de la potestad legislativa antes que seguir manteniendo que todo está bajo el dominio de la ley.
Aunque estoy de acuerdo con la patología que describe no comparto la tesis de limitar el alcance de la reserva de ley, ni de claudicar en este asunto, pues es lo que persigue la corriente iliberal que nos invade. Vuelvo a repetir las recientes palabras del profesor Soriano García («Arbitrariedad como norma”):
“Malos tiempos para el parlamentarismo. El desdén del Ejecutivo hacia el oscurecido legislador es patente. Años sin celebrarse el Debate sobre el Estado de la Nación, aquél que no quiso hacer Suárez costándole que Carrillo socarronamente le espetara que «ya se está arrepintiendo de no haberlo comenzado»; años de decretos-leyes sin pluralismo que valga, hasta llegar al inefable Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de 161 páginas, divididas en Libros, Títulos y Capítulos, como si de un Código se tratase y todo por evitar multas europeas por la pereza en incorporarlas a tiempo (y la saga continúa con un par más de decretos en apenas 10 días)…”
A la chapuza legislativa del referido Decreto-Ley de transposición de directivas (ampliamente criticado por el Consejo de Estado) tenemos que unir el reciente Decreto-Ley sobre el impuesto de plusvalía (que trata de dar respuesta a la también reciente sentencia del Tribunal Constitucional sobre el impuesto), del que se han expresado serias dudas sobre su posible inconstitucionalidad al regular elementos esenciales del tributo, sujetos, precisamente, a la reserva de ley. (No taxation without representation. No hay tributación sin representación).
En mi opinión, el desprestigio de la ley es correlativo al desprestigio de nuestra clase política.
Dice Fernández Farreres: “pues bien, ¿puede el Parlamento digerir la ingente tarea legislativa que se le reclama? ¿Acaso cabe esperar que la ley pueda dar cumplida satisfacción a las necesidades normativas del Estado actual? ¿No habrá que repensar el papel y la función que le corresponde ante esa riada normativa que todo lo inunda? Me aventuraré a responder. Es imposible seguir manteniendo que toda regulación ha de provenir de la ley en sentido estricto y que, por tanto, el Parlamento siempre ha de intervenir”.
No estoy seguro que al Parlamento se le reclame (le reclamemos) una ingente tarea legislativa ni que sean reales las necesidades normativas que constantemente se nos proponen. Es la clase política la que en buena parte crea artificialmente esas necesidades, como justificación a la existencia de parlamentos permanentes que, precisamente, tienen como “función” la de legislar constantemente. De hecho, de vez en cuando leemos artículos periodísticos que vienen a criticar cierta pereza en la promulgación de leyes, comparativas entre las leyes emitidas en una legislatura respecto a las anteriores…. Hay que recordar que las primeras asambleas legislativas no tenían carácter permanente, sino que eran convocadas por el rey para asuntos concretos, especialmente relacionados con la imposición de tributos. Y hemos terminado “profesionalizando” la política: creando un empleo remunerado: el político, que tiene que producir (leyes).
Que nos tengan habituados, como acertadamente señala Fernández Farreres, a leyes ‘ciclotímicas’, leyes ‘autistas’, leyes ‘esquizofrénicas’, leyes ‘obsesivas’, leyes ‘anoréxicas’, leyes ‘placebo’, etcétera no es óbice para cuestionar el parlamentarismo.
Creo que más que cuestionar la reserva de ley debemos reclamar menos y mejores leyes, una contención (self-restraint) del legislador que no compita en el ritmo de promulgación de leyes, tratando de superar “marcas” anteriores.