Recomendación de la Defensora del Pueblo Europeo:
El Defensor del Pueblo pide al Consejo que conceda acceso a los documentos relacionados con las negociaciones sobre la ‘Ley de Mercados Digitales’. CASO 1499/2021/SF
El Consejo debería permitir el acceso a los documentos relacionados con las negociaciones sobre la Ley de Mercados Digitales y no hacerlo es mala administración, según ha descubierto una investigación del Defensor del Pueblo.
El hallazgo del Defensor del Pueblo sigue a una queja de una red de periodistas que buscan acceso a los comentarios y preguntas iniciales de los Estados miembros sobre el proyecto de reglamento, que tiene como objetivo crear un espacio digital donde los derechos fundamentales de los usuarios estén protegidos y las empresas tengan igualdad de condiciones.
El Consejo identificó un total de 28 documentos de trabajo en respuesta a la solicitud de los periodistas. Concedió pleno acceso público a cinco documentos y acceso parcial a otros diez. Sin embargo, ninguna de la información divulgada contenía ninguna posición de los Estados miembros. Se concedió acceso únicamente al texto de la propuesta de la Comisión.
El Consejo argumentó que la publicación de las preguntas y comentarios iniciales de los Estados miembros sobre el proyecto de reglamento corría el riesgo de que el público lo malinterpretara, ya que las posiciones nacionales finales podrían ser sustancialmente diferentes. También argumentó que la divulgación en una etapa temprana podría conducir a un cabildeo sin precedentes.
En su análisis, la Defensora del Pueblo señaló que estar dispuesto a cambiar de posición y lograr un compromiso es una parte normal e incluso esperada del debate democrático. Además, para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho democrático a escrutar y participar en el debate sobre el proyecto de ley, deben poder seguir su desarrollo.
El Defensor del Pueblo también descubrió que el Consejo no había explicado por qué la divulgación de los documentos aumentaría aún más el cabildeo.
Pidió al Consejo que diera pleno acceso público a los documentos legislativos solicitados.
El hallazgo de la investigación sigue a otros trabajos del Defensor del Pueblo en esta área, incluida la amplia investigación de propia iniciativa, abierta en 2017, sobre la transparencia legislativa en el Consejo. En esa investigación, el Defensor del Pueblo criticó el hecho de que el Consejo no haya registrado sistemáticamente la identidad de los Estados miembros que toman posiciones durante los debates sobre los proyectos de ley, y la práctica generalizada de marcar de forma desproporcionada los documentos como no aptos para la circulación, o “LIMITE”.