Acaba de hacerse público el Informe de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho (2023).
Este post está realizado en referencia al documento “COUNTRY CHAPTER ABSTRACTS AND RECOMMENDATIONS”, que dedica a España la página 21.
Puede decirse que se observa cierta negligencia por parte de la Comisión Europea, pues afirma que se han dado “Algunos avances en la continuación del trabajo para fortalecer el acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos Oficiales”, cuando de todos es sabido que referida nefanda ley fue arrumbada dadas las duras críticas recibidas, especialmente desde la profesión periodística y por querer tramitarse, desde el principio, con nocturnidad. Una ley que, precisamente, atacaba de forma directa al derecho a la información.
Con relación a las recomendaciones de años anteriores, especialmente las realizadas en el informe del año 2022, la Comisión reitera, principalmente, que
- No hay más avances en el fortalecimiento del estatuto del Fiscal General, en particular con respecto a la separación de los mandatos del Fiscal General y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía de la acusación.
- Sin avances en la tramitación de la renovación del Consejo de la Judicatura como asunto prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus jueces-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas.
- Ningún progreso en abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel.
(La Comisión vuelve –ya sin autoridad a mi entender- a realizar nuevamente meros recordatorios al alumno indisciplinado). Sobre esta base, y considerando otros acontecimientos ocurridos en el período de referencia, y además de recordar los compromisos asumidos en el marco del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia en relación con determinados aspectos del sistema de justicia, se recomienda a España que:
- Fortalecer el estatuto del Fiscal General, en particular en lo que se refiere a la separación de mandatos de la oficina del Fiscal General de la del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas normas sobre independencia y autonomía de la acusación.
- Proceder a la renovación del Consejo de la Magistratura con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adecuar el nombramiento de sus magistrados-miembros, teniendo en cuenta las normas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial.
- Proceder a adoptar legislación sobre cabildeo, incluido el establecimiento de un registro público obligatorio de cabilderos.
- Intensificar los esfuerzos para abordar los desafíos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos, para aumentar la eficiencia en el manejo de casos de corrupción de alto nivel, incluso mediante la finalización de la reforma del Código Procesal Penal.
- Fortalecer las normas sobre conflictos de intereses y declaraciones patrimoniales de las personas con alto poder ejecutivo, reforzando la potestad sancionadora de la Oficina de Conflictos de Interés.
- Avanzar en el fortalecimiento del acceso a la información, en particular a través de la revisión de la Ley de Secretos, teniendo en cuenta las normas europeas sobre el acceso a los documentos oficiales.
COMENTARIO:
Informe decepcionante, intrascendente y sin consecuencias.
Habrá que esperar al Informe que sobre el Estado de Derecho en España elabora la Fundación Hay Derecho, para hacerse una idea clara y documentada sobre estas cuestiones de tanta trascendencia.
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